MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE EXTREMADURA
La Plataforma en defensa de la Educación Pública en Extremadura, integrada por la FE de FREAPA-CP, CCOO, FETE-UGT, STE-EX, APEVEX y Sindicato de Estudiantes, ante las el anuncio del Ministerio de Educación de un recorte de 3.000 millones para la educación, una parte de los cuales corresponderían a Extremadura, manifiesta su frontal rechazo ante lo que considera la más brutal agresión que ha sufrido la educación en todos sus niveles en nuestra democracia.
En nuestra Comunidad los indicadores educativos han evolucionado positivamente en los últimos años a pesar de haber partido de una situación histórica desfavorable con respecto a otros territorios de nuestro Estado y de nuestro entorno europeo. La igualdad de oportunidades y la equidad en nuestro sistema educativo son elementos fundamentales en una comunidad con poco tejido industrial, con la construcción deprimida y un sector primario en especiales dificultades. La inversión educativa es un elemento de primera necesidad para la cohesión social y el desarrollo económico sostenible.
Las seis medidas anunciadas sobre elevación de las ratios, incremento de horarios lectivos del profesorado, supresión de modalidades de Bachillerato y materias optativas, aplazamientos en Formación Profesional, restricciones salariales y disminución de las sustituciones, constituyen sendos torpedos a la línea de flotación de la calidad de la educación que necesariamente supondrán un retroceso de consecuencias irreparables. A ellas habría que añadir las subidas de tasas en la Universidad y la probable desaparición de titulaciones y despidos de profesores.
Nuestra Consejera de Educación y Cultura no sólo no ha defendido los intereses de Extremadura oponiéndose a la aplicación de tal desatino ministerial, en coherencia con la posición hasta hace unos días del Presidente de la Junta de Extremadura, Sr. Monago, sino que nos ha anunciado que añadirá otros recortes además de las aquellos, por ejemplo, no pagar el verano al profesorado interino.
Las consecuencias de estas medidas en nuestra región tendrán como efecto inmediato la generación de más paro en el sector al prescindir de un número importante de profesores, empeorará las condiciones de trabajo del profesorado, dificultará la organización y funcionamiento de los centros, limitará los derechos del alumnado de todos los niveles, restringe la participación de las familias en la educación de sus hijos e hijas al suprimir las ayudas de formación al movimiento asociativo de padres y madres, afectando gravemente a la calidad de la educación. Todo ello repercutirá desfavorablemente sobre los colectivos más débiles y más necesitados de compensación educativa.
La lucha contra el fracaso y el abandono temprano escolares se verá imposibilitada al disminuir la capacidad de atención a la diversidad, el refuerzo y apoyo al alumnado con más necesidades y el recorte de posibilidades para los jóvenes al hacer desaparecer modalidades de bachillerato o retrasar la implantación de ciclos de la formación profesional. La aplicación de estas medidas en el medio rural no puede sino menoscabar la igualdad de oportunidades y la compensación a las zonas con menos posibilidades educativas.
En Extremadura ha entrado en vigor recientemente la Ley de Educación de Extremadura. Entre las condiciones para su implantación existe un compromiso político en la Asamblea de Extremadura, suscrito por el partido del actual Gobierno que será imposible cumplir con los recortes anunciados.
Por todo ello instamos a la Junta de Extremadura, a las administraciones e instituciones concernidas a mantener el blindaje, frente a los recortes, de los servicios públicos básicos, entre ellos la educación en todos sus niveles y modalidades. No sólo porque no es más que exigir coherencia a quienes han manifestado en campañas electorales recientes y después de las elecciones en diversos foros y medios de comunicación que la educación debería preservarse en su financiación y mantenimiento por atender a derechos básicos de los más débiles en la sociedad.
Ni la crisis económica ni la excusa de herencias recibidas pueden servir de pretextos para hacer pagar a la infancia y la juventud las consecuencias de algo de lo cual no son responsables. No encontrar otra solución que las anunciadas para el ahorro, además de incapacidad para gobernar, pone en evidencia un proyecto ideológico y un cambio de modelo encubierto puesto que hay medios fiscales y de control del fraude que permitiría encontrar otras fuentes de financiación más justas y menos perjudiciales.
En otro caso, de persistir las agresiones anunciadas, invitamos a la sociedad en su conjunto y, muy especialmente, a los sectores que integran la comunidad educativa a participar en las movilizaciones que impulsaremos y anunciaremos en su momento.
Mérida 23 de abril de 2012.
En nuestra Comunidad los indicadores educativos han evolucionado positivamente en los últimos años a pesar de haber partido de una situación histórica desfavorable con respecto a otros territorios de nuestro Estado y de nuestro entorno europeo. La igualdad de oportunidades y la equidad en nuestro sistema educativo son elementos fundamentales en una comunidad con poco tejido industrial, con la construcción deprimida y un sector primario en especiales dificultades. La inversión educativa es un elemento de primera necesidad para la cohesión social y el desarrollo económico sostenible.
Las seis medidas anunciadas sobre elevación de las ratios, incremento de horarios lectivos del profesorado, supresión de modalidades de Bachillerato y materias optativas, aplazamientos en Formación Profesional, restricciones salariales y disminución de las sustituciones, constituyen sendos torpedos a la línea de flotación de la calidad de la educación que necesariamente supondrán un retroceso de consecuencias irreparables. A ellas habría que añadir las subidas de tasas en la Universidad y la probable desaparición de titulaciones y despidos de profesores.
Nuestra Consejera de Educación y Cultura no sólo no ha defendido los intereses de Extremadura oponiéndose a la aplicación de tal desatino ministerial, en coherencia con la posición hasta hace unos días del Presidente de la Junta de Extremadura, Sr. Monago, sino que nos ha anunciado que añadirá otros recortes además de las aquellos, por ejemplo, no pagar el verano al profesorado interino.
Las consecuencias de estas medidas en nuestra región tendrán como efecto inmediato la generación de más paro en el sector al prescindir de un número importante de profesores, empeorará las condiciones de trabajo del profesorado, dificultará la organización y funcionamiento de los centros, limitará los derechos del alumnado de todos los niveles, restringe la participación de las familias en la educación de sus hijos e hijas al suprimir las ayudas de formación al movimiento asociativo de padres y madres, afectando gravemente a la calidad de la educación. Todo ello repercutirá desfavorablemente sobre los colectivos más débiles y más necesitados de compensación educativa.
La lucha contra el fracaso y el abandono temprano escolares se verá imposibilitada al disminuir la capacidad de atención a la diversidad, el refuerzo y apoyo al alumnado con más necesidades y el recorte de posibilidades para los jóvenes al hacer desaparecer modalidades de bachillerato o retrasar la implantación de ciclos de la formación profesional. La aplicación de estas medidas en el medio rural no puede sino menoscabar la igualdad de oportunidades y la compensación a las zonas con menos posibilidades educativas.
En Extremadura ha entrado en vigor recientemente la Ley de Educación de Extremadura. Entre las condiciones para su implantación existe un compromiso político en la Asamblea de Extremadura, suscrito por el partido del actual Gobierno que será imposible cumplir con los recortes anunciados.
Por todo ello instamos a la Junta de Extremadura, a las administraciones e instituciones concernidas a mantener el blindaje, frente a los recortes, de los servicios públicos básicos, entre ellos la educación en todos sus niveles y modalidades. No sólo porque no es más que exigir coherencia a quienes han manifestado en campañas electorales recientes y después de las elecciones en diversos foros y medios de comunicación que la educación debería preservarse en su financiación y mantenimiento por atender a derechos básicos de los más débiles en la sociedad.
Ni la crisis económica ni la excusa de herencias recibidas pueden servir de pretextos para hacer pagar a la infancia y la juventud las consecuencias de algo de lo cual no son responsables. No encontrar otra solución que las anunciadas para el ahorro, además de incapacidad para gobernar, pone en evidencia un proyecto ideológico y un cambio de modelo encubierto puesto que hay medios fiscales y de control del fraude que permitiría encontrar otras fuentes de financiación más justas y menos perjudiciales.
En otro caso, de persistir las agresiones anunciadas, invitamos a la sociedad en su conjunto y, muy especialmente, a los sectores que integran la comunidad educativa a participar en las movilizaciones que impulsaremos y anunciaremos en su momento.
Mérida 23 de abril de 2012.
Web de la FREAPA Extremadura: http://www.freapa.com/
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